Santo Domingo.- Los usureros, como se conocen a los prestamistas, saquean viviendas de deudores cuando tienen entre cuatro y seis pagos de atraso de sus intereses y cometen otras acciones que no se ventilan en los tribunales, a pesar de la irregularidad de sus “negocios”.
La mayoría de los deudores se quejan de que los prestamistas les cobran elevados intereses y que luego que han pagado hasta tres y cuatro veces el valor del préstamo, cuando deciden liquidar sus deudas, tienen que pagar también el capital e intereses adicionales, lo que estiman abusivo.
Asimismo, denuncian que cuando no pueden saldar sus deudas, porque ya han pagado cinco veces el valor de lo que les prestaron, los usureros irrumpen en sus casas “con (tigueres), hombres armados” y que les llevan efectos electrodomésticos de valor, motocicletas y otros bienes.
Esa gente alega que se niegan a presentar denuncias en la fiscalía por temor a represalias, porque la mayoría de esos prestamistas ilegales son muy violentos y defienden lo suyo a cualquier precio.
Yovanna trabaja en una banca de loterías de Santiago y recuerda que su esposo, que trabajaba como delivery, murió en 2019 en un accidente de tránsito.
Ella no sabía que su pareja había tomado a un prestamista 20 mil pesos para terminar de pagar un motor que había comprado.
Pero con nostalgia e impotencia cuenta que el usurero se presentó armado a su casa del sector Pekín, al sur de Santiago, con dos hombres más, le pidió la motocicleta, pero que al informale que la habían vendido para cubrir parte del velatorio, le llevó una nevera, una lavadora y un televisor, alegando que eso había sido comprado “con sus cuartos”.
“Le dije que mi pareja no me contó nada de ese préstamo; pero me respondió, no te haga la pendeja y si quiere ve a la fiscalía y denúnciame, que la que pierde eres tú”. Dice que es madre de tres hijos pequeños y que por eso decidió dejar eso así.
El abogado Carlos García dice que las personas que se dedican a prestar dinero incurren en muchas irregularidades y lamenta que los deudores no presenten denuncias en las fiscalías de sus jurisdicciones.
“Lo primero es que están cometiendo estafas, la otra irregularidad consiste en que tienen instituciones financieras clandestinas, que no pagan impuestos, porque no están autorizadas por la Superintendencia de Bancos y otras entidades del Estado responsables para esos fines”, aclaró.
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