Pablo Ulloa dijo que fueron debidamente identificados y que informó sobre la inspección
El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, acudió a presentar formal querella ante la Fiscalía y la Procuraduría por la agresión que fue objeto este lunes por parte de miembros de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), en el marco de una inspección que realizaba en el Centro de Retención Vehicular (canódromo) tras denuncias de irregularidades.
De acuerdo a una nota de prensa del órgano independiente: "El incidente se produjo cuando el defensor del Pueblo, acudió a visitar el canódromo y, pese a identificarse, procedió a verificar las condiciones en que se encuentran miles de vehículos ocupados por parte de la Digesett, a raíz de quejas presentadas por los ciudadanos, de que no cuidan los vehículos retenidos, lo entregan en malas condiciones o piden dinero a cambio".
Agregó que durante la visita los agentes de la Digesett que prestan servicios en el canódromo rompieron las cámaras de fotografías y videos y celulares a los periodistas de los diferentes medios de comunicación y personal del Defensor del Pueblo que acompañaban a Ulloa. También agredieron físicamente a una periodista y al secretario general del Defensor del Pueblo, Harold Modesto.
Según el comunicado, el defensor del Pueblo siguió el procedimiento en virtud de las facultades que le confiere la Constitución de la República Dominicana con el propósito de realizar la inspección, que forma parte de las funciones.
"El Defensor del Pueblo o sus adjuntos podrán inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicios públicos, sin previo aviso, y requerir de ellas todos los documentos e informaciones necesarias para materializar su labor, los cuales les serán suministrados de forma gratuita", cita el documento, en referencia a la Ley 19-01, que norma el Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo es una autoridad independiente, un ejecutor que no se encuentra sujeto a ninguna limitante más que la del apego a la Constitución y la Ley No. 19-01, recuerda la nota de prensa.
Según la ley, este funcionario tiene entre sus objetivos contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos establecidos en la Constitución y las leyes, en caso de ser violadas por funcionarios de la Administración Pública.
"Realmente es una vergüenza ver cómo la autoridad se desproporciona frente al ciudadano. Si eso es a un órgano constitucional y una ley que confiere la atribución de inspección a este órgano defensor del pueblo, qué será un ciudadano dominicano normal y corriente", dijo Ulloa, en declaraciones a la prensa luego del incidente.
Afirmó que la agresión fue constante por parte del equipo de seguridad que se encontraba en el canódromo y que ni siquiera permitieron que interactuara con la coronel Ysabelita de los Santos, directora en ese momento.
Luego del incidente, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) destituyó a la coronel De los Santos como directora del canódromo, y designó de manera interina al teniente coronel de la Policía Nacional Hipólito Antonio Rijo Santana.
Diario Libre.-
El actor se encuentra internado en el Hospital Santa Lucía y pese a que la publicación inquietó a sus seguidores, no se menciona que se encuentre en un estado grave
El actor Andrés García informó a través de su cuenta de Instagram que se encontraba hospitalizado y que recibió una transfusión de sangre.
García, que el 24 de mayo pasado cumplió 80 años de edad, ha dicho que ya está “pagando el precio de la vida aventurera, agitada y violenta”.
Según sus palabras, en los últimos tiempos viene sufriendo dolores de espalda y de todos los músculos.
Se le denomina como “El Motor de la Patria” porque utiliza ese medio de transporte para realizar un levantamiento en diferentes comunidades y determinar dónde hay instituciones públicas y privadas que mantienen izada una bandera deteriorada y luego llevarle una nueva.
Para obtener recursos económicos que le permitan adquirir banderas nuevas, vende picaderas en las calles, como quipes, pastelitos, bollitos de yuca y jugos, que son elaborados por su esposa, Nereida Almonte, quien le apoya en esa misión, que hasta la fecha le ha permitido sustituir 133 banderas.
Con esta labor, Eddy, de 43 años, aseguró a Listín Diario que no busca notoriedad personal, y que sus motivaciones surgieron hace cerca de ocho años preocupado por la violencia, la corrupción y antivalores que observaba en la sociedad y sobre todo para hacer que los dominicanos valoren más el significado de los símbolos patrios.
Su labor de vender picaderas y sustituir banderas, la comparte con la de locutor, productor de espectáculos y de un programa televisivo de corte motivacional, que realiza en la ciudad donde vive. Le preocupa, dice, que se está perdiendo el amor por los símbolos patrios y eso, a su juicio, es peligroso.
Detalla que ha cambiado banderas en Estaciones de Bomberos, Defensa Civil, Oficina de justicia, Destacamento policiales, instituciones educativas y de personas particulares que la exhiben en sus balcones, siempre contando con la anuencia de sus representantes.
Explica que inició hace ocho años recorriendo comunidades en su “motor 70” llevando mensajes dirigidos a frenar la ola de violencia, donde además de algunas banderas entregaba hojas informativas orientando sobre cómo controlar el enojo, que le llevó por seis provincias del país, incluyendo Santo Domingo.
Luego de esa experiencia decidió decorar la motocicleta para hacerlo de una manera más formal y crear una identidad como “El Motor de la Patria”, y desde hace dos años empezó a hacer levantamientos de instituciones en diferentes provincias de la región Norte para identificar dónde están deterioradas para su sustitución.
Mucho desconocimiento
Dijo que en la formación dominicana a la población no se le motiva a buscar el significado de los símbolos patrios que le identifican como nación, por lo que se dedicó a indagar más sobre la identidad dominicana.
Explicó que el tamaño de la bandera que entrega es de 4x6, antes la compraba a 800 y 900 pesos, pero que ahora acude a las casas fabricantes, por lo que la adquiere a 500 pesos.
Listín Diario.-
Guzmán Peralta considera que todos los afectados con motocicletas y otros vehículos llevados al Canódromo solo tienen que demostrar, con la documentaciones de lugar, que las unidades son de su propiedad, y luego realizar el pago de la multa, en caso de que si aplicare en su caso, para proceder con la entrega, advirtiendo de que, si no cumplen con esos requisitos, “no les pueden ser entregados”.
Descartó que la institución tenga trabas para entregar los vehículos que se encuentran retenidos en el Canódromo, como han alegado algunos sectores.
El titular de la Digesett sostuvo que cuando los vehículos y motores pasan más de dos años retenidos, ya el caso no es responsabilidad de esa Dirección, sino del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) que tiene la facultad de subastarlos, con la previa autorización del Poder Ejecutivo.
Precisó que, en los casos normales, si el Ministerio Público dispone la salida de esas undiades, entonces son entregadas por la Digesett, que es el organismo garante de los vehículos retenidos.
Un equipo del LISTÍN DIARIO visitó las instalaciones del Canódromo, ubicado en la intersección de las avenidas República de Colombia y Monumental, y pudo observar las deficiencias en la atención y la gran cantidad de vehículos retenidos que procuran conductores durante días, sin ningún resultado, contribuyendo al desorden que prevalece en el Centro de Retención Vehicular.
Sin embargo, se encontró allí un ambiente tenso debido a la gran multitud en las afueras del Canódromo, la mayoría molestas y desesperadas por la tardanza en la entrega de los vehículos, algunos alegando incautaciones injustificadas.
Las primeras personas llegaron al centro cerca de las 5:00 de la mañana, según contaron, y no fue hasta las 9:00 cuando comenzaron a “recibir” los servicios, aunque permanecían en el lugar, sin encontrar solución alguna.
Al Canódromo llevan vehículos incautados a causa de infracciones u otros inconvenientes. Todo el proceso de lo que pasará con los vehículos se hace con la Digesett, incluido el pago de las multas.
Cuando todo el proceso requerido es agotado, esa institución es la encargada de entregar el vehículo.
Dentro del lugar hay autos, motocicletas y otros medios de transporte de todo tipo y tamaño.
Incluso, hay un edificio de tres plantas repleo de motocicletas. Lleno tanto de árboles como de vehículos, muchos de ellos se ven en condiciones deplorables y arropados por los arbustos. Toda esa zona ocupa un gran espacio y allí se encuentran los vehículos que han sido confiscados por alguna razón.
Muertes en casos señalados por narcotráfico crecieron un 78 % con respecto a 2019; las víctimas en robos y asaltos subieron un 12 %
De acuerdo con la información ofrecida por el Ministerio, las muertes a manos de la delincuencia fueron 374 en 2021; 258 en 2020; 296 en 2019; y 322 en el 2018.
Debido a que los hechos de violencia reportados durante el año pandémico (2020) fueron entre un 15 y hasta un 45 % menores que los últimos cuatro años, Diario Libre compara las cifras de 2021 con las de 2019.
El boletín del periodo de enero-diciembre del 2021 señala que “de los diferentes casos derivados de las actividades delictivas, 221 fueron vinculados a robos y atracos, seguido de 123 casos por narcotráfico y uso de drogas; 11 casos por sicariato, cuatro muertes asociadas a policías y militares en servicio, ocho víctimas de violación sexual e intento y siete correspondientes a otros casos”.
En 2019 las muertes vinculadas a atracos y robos e intentos de este tipo fueron 196; 69 vinculadas al narcotráfico; mientras que 31 fueron señaladas como “no determinadas u otros”. El boletín de 2019 no especifica las muertes a manos de agentes policiales y violaciones por lo que no es posible determinarlas.
Las cifras antes citadas ilustran un incremento de un 78% de muertos por el narcotráfico y un aumento de un 12 % de muertes vinculadas a robos y asaltos.
El incremento de muertes vinculadas al narcotráfico es coincidente con un incremento reportado de confiscaciones de drogas en los citados periodos.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) reportó en 2019 la incautación total de 6,412.24 kilos de cocaína, 4,344 kilos de marihuana siendo por mucho los dos principales tipos de sustancias incautadas en el país. Siguen crack con 5.77 kilos, oxicodona con 565 unidades, 197 unidades de opio y 20 unidades de tramadol.
Sin embargo, esas cantidades se dispararon en el año 2021, cuando se reportaron 19,146.70 kilos de cocaína incautados, 300% más que en el año 2019; 6,262.66 kilos de marihuana, 44% más que en 2019; así como 16.76 kilos de crack; 8.21 kilos heroína y 0.08 kilos de opio.
En 2021 se reportaron 2,892 heridos a nivel nacional por armas blancas y armas de fuego. De estos, 2,668 fueron con armas de fuego y 224 con armas blancas, lo que representa un 12 % más de heridos que los ocurridos en 2019.
En tanto que en 2019 se registraron 2,564 heridos, de ese periodo el 85% correspondió a uso de armas de fuego; mientras que el 15% fue por armas blancas.
En cuanto a los heridos por armas de fuego, las actividades delictivas representaron un total de 845 casos, equivalentes sl 39% del total de heridos por armas de fuego. De esos, 81 casos estuvieron vinculados el uso de drogas, 723 en robos de atraco o intento y 18% en causas no determinadas.
Barrio Seguro
Diario Libre solicitó el 18 de febrero de 2022 al Ministerio de Interior y Policía la actualización de los datos del año 2021, los cuales fueron entregados, y del 2022 los meses enero y febrero, los que de acuerdo con la Oficina de Acceso a la Información “aún están en proceso de recolección”, en una respuesta emitida el 5 de abril de 2022.
El Gobierno sostiene en el comunicado que hubo una reducción de los delitos de un 3.5% en Santiago; de un 17.5 % en San Francisco de Macorís; en Barahona un 20% y en los barrios de Cristo Rey, La Zurza, La Fe y La Puya de Arroyo Hondo fue de un 11.57 %; sin embargo en la solicitud esos datos no estuvieron disponibles para este medio.
Sin embargo, el documento obtenido de Interior y Policía indica que en el barrio Cristo Rey hubo el mismo número de muertes (7) en 2021 que en 2019 y en 2020.
En San Francisco de Macorís se reportaron 22 muertes en cinco barrios de ese municipio en 2021, siete en 2020 y solo dos en 2019. En Barahona hubo 30 muertos en 2021; 41 en 2020 y 21 en Barahona.
En Santiago se reportaron 141 homicidios en 2021; 100 en 2020; y 90 en el 2019. En tanto que en el ranking de los 20 municipios con más homicidios Santiago de los Caballeros aparece en el segundo lugar, solo detrás del municipio Santo Domingo Este.
En cuanto a la tasa de homicidios en América Latina por 100 mil habitantes, la República Dominicana aparece solo detrás de Chile, Perú, Nicaragua, Paraguay y Uruguay, en los países con más baja tasa.
Diario Libre.-