Los usuarios de los principales hospitales y maternidades públicas del país reciben atenciones médicas entre plafones, filtraciones, el ruido de las vibraciones y el polvillo que levantan los obreros durante las dilatadas jornadas de reconstrucción que ya superan los cuatro años, desde que el Gobierno dispuso la intervención simultánea de 56 centros en 2013.
Pese a que las autoridades prometieron que en un tiempo no mayor de un año la planta hospitalaria del país estaría en condiciones de ofrecer un servicio de calidad a los usuarios del sistema público, poniendo en manos de distintos ingenieros contratistas la ejecución de las obras, lo cierto es que los retrasos en los pagos de las cubicaciones, los cambios de contratistas en medio del proceso, modificación de los presupuestos y planos originales, han colocado a los hospitales en estado de emergencia, y con ello a los pacientes que reciben atenciones en condiciones de hacinamiento y extrema precariedad.
Es lo que se vive a diario en las dos principales maternidades del país, como la Nuestra Señora de La Altagracia y de Los Mina, así como los hospitales Juan Pablo Pina de San Cristóbal, el Moscoso Puello y el José María Cabral y Báez de Santiago, por citar algunos ejemplos.
Y aunque en marzo del año pasado, el Ministerio de Salud traspasó las obras de construcción, reparación, remodelación y equipamiento a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), entidad que también tiene a su cargo la construcción de escuelas y centros diagnósticos y de atención primaria, buscando agilizar su terminación, lo cierto es que no se ha podido terminar ni siquiera uno de los diez que se priorizaron.
Hacinamiento e incomodidad
Pese a que el Gobierno alistó en menos de 40 días el área de emergencia del Hospital Regional José María Cabral y Báez para la puesta en marcha del sistema de emergencias del 9-1-1 en la región Norte, no ha podido hacer lo mismo con el resto de la infraestructura, cuyos trabajos iniciaron en julio de 2014 con una inversión estimada en RD$1,800 millones.
En casi cuatro años de picazos, la única área entregada es el ala norte del edificio, que incluye oficinas administrativas, mientras se han trasladado algunos servicios y consultas de distintas especialidades hacia el Hospital del Seguro Social Rafael Estrella Ureña y el Edificio Profesional Las Carreras.
En condiciones parecidas está el hospital Moscoso Puello, donde se reciben los pacientes de los ”barrios calientes” del Distrito Nacional, sumados a los provenientes del Luis E. Aybar (Morgan), el cual fue clausurado hasta terminar con la construcción de un moderno complejo sanitario.
Mientras, en la Maternidad La Altagracia, donde nace la mayor cantidad de niños del país, también se vive una situación dramática por las obras de reconstrucción en las áreas de consulta, parto y preparto, que ponen en riesgo de contaminación a los recién nacidos y sus madres.
La situación es igual de precaria en la Maternidad de Los Mina, donde el polvo y la filtración de agua en el primer piso, a raíz de los trabajos que se realizan en la segunda planta han causado temor entre los pacientes y empleados ante la posibilidad de desprendimiento de los plafones.
En 2012, el Gobierno adjudicó mediante sorteo la reparación de estos hospitales y dispuso de más de RD$13 mil 938 millones sin que todavía se sepa cuándo concluirán.
Esperan obras estén listas en febrero próximo
En abril de este año, el presidente Danilo Medina se reunió con contratistas de los hospitales públicos para conocer los avances en los trabajos y en donde según una nota de prensa suministrada por la Presidencia, se acordó agilizar todos los procesos de certificación, cubicaciones, libramientos, a fin de que el proceso concluya a más tardar en febrero del próximo año. El vicepresidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa, ha dicho que los retrasos se deben a que la salud no es una prioridad para el Gobierno.
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