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Implementada por la Dirección de Recursos Humanos, que lidera la coronel Belkis Asiático, PN, esta iniciativa ha beneficiado más de 3,600 colaboradores y es parte de los esfuerzos de la actual gestión para la modernización, agilidad y eficiencia, y para ofrecer servicios accesibles y confiables tanto para los ciudadanos como para los extranjeros legales.

Estas acciones han abarcado desde inducciones institucionales (técnica en gestión migratoria, atención al usuario, detección de documentos fraudulentos, normas básicas de control interno, derechos humanos y humanitarios, etc.) hasta formaciones especializadas (control migratorio, derecho marítimo internacional, liderazgo y productividad, legislación y procedimientos de control de la permanencia de extranjeros en el país, etc), permitiendo la progresiva profesionalización de equipos y la estandarización de procedimientos.

Entre los avances más destacados se encuentra la atención efectiva y el trato respetuoso y humanitario en las operaciones de la migración, protección al ciudadano y al extranjero, manejo de tecnologías de la información y mejoría de las competencias y procedimientos técnicos. Este enfoque facilita una respuesta ágil y confiable ante escenarios complejos, fortaleciendo la confianza pública en la institución y promoviendo una gestión migratoria basada en la legalidad, la equidad y la eficiencia.

Con esas capacitaciones también se busca responder de manera eficaz a las demandas de una ciudadanía cada vez más diversa y a los desafíos migratorios contemporáneos. En este marco, la capacitación continua se ha convertido en un sostén fundamental para garantizar un servicio público de calidad, transparente y respetuoso de los derechos de todas las personas que interactúan con la institución.

La actividad, con la participación masiva de colaboradoras de la institución, estuvo a cargo de la especialista Luz Fermín Brito, médico ginecobstetra, y fue coordinada por la Dirección de Recursos Humanos, a cargo de la coronel Belkis Asiático, PN, con el apoyo de la señora Patricia Núñez de Lee, esposa del director general, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester.

La doctora Fermín Brito disertó acerca del mal y la necesidad de prevenirlo, ya que esa es la principal causa de muerte por cáncer en el sector femenino. Dijo, asimismo, que la enfermedad no es exclusiva de las mujeres, porque los hombres también poseen glándulas mamarias.

Destacó que una de cada ocho mujeres desarrollará la enfermedad a lo largo de su vida y presentó estadísticas recientes de Estados Unidos, respecto a que en 2025 se estima que 316,950 mujeres serán diagnosticadas con cáncer de mama invasivo y que el 66 % de los casos corresponde a mujeres menores de 50 años, mientras que un 16 % se diagnostica en fase localizada antes de que el cáncer se haya extendido fuera de la mama.

En el contexto nacional, la especialista informó que en 2022 fallecieron 1,457 mujeres por esta enfermedad, mientras que en 2023 se registraron 4,201 casos nuevos. 

Durante el evento se acordaron medidas para fortalecer la prevención entre los colaboradores y se presentó la planificación para la implementación de una unidad móvil y creación del área “Chequéate” dentro de la DGM, para que los chequeos médicos sean más accesibles y eficaces, evitando desplazamientos y promoviendo hábitos de cuidado oportuno.

Con esta acción, la DGM reafirma su  compromiso con la salud de su personal y con la concientización sobre la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.

El organismo responsable del control de la entrada, permanencia y salida de los flujos de extranjeros reportó, asimismo, que ayer fueron repatriados otros 1,241 extranjeros, luego de haber sido procesados, tomárseles los datos biométricos y las huellas dactilares en los centros de retención que la DGM tiene establecidos para el ejercicio de la gobernanza migratoria.

Los nacionales haitianos deportados fueron entregados a las autoridades de su país de origen por los puntos fronterizos de Dajabón (459), Elías Piña (576), Jimaní (139) y Pedernales (67).

En cuanto a los detenidos, 140 fueron en operaciones desplegadas en el Gran Santo Domingo, 76 en Santiago, 51 en La Vega, 60 en Mao/Santiago Rodríguez, 71 en la zona Este, 47 en Azua, 45 en Barahona, 40 en Puerto Plata, 54 en Montecristi, 63 en Dajabón, 40 en Elías Piña, 57 en Jimaní y 15 en Pedernales. También se incluyen 369 detenidos por efectivos del Ejército Nacional, 65 por el Cesfront y 139 por la Policía Nacional. En la articulación de estas acciones contra la inmigración ilegal también participan el ministerio de Defensa, la Armada Dominicana, la Fuerza Aérea, el Ministerio Público y la Digesett.

La DGM afirmó que los operativos se realizan en estricto cumplimiento de la Ley 285-04 y respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas. Advirtió, asimismo, que continuará cumpliendo las directrices del presidente Luis Abinader  y el mandato del Consejo de Defensa y Seguridad de la nación, para preservar un entorno migratorio seguro y justo, y para salvaguardar la integridad del territorio nacional.

Los operativos, protagonizados por los agentes de interdicción migratoria y con el apoyo de las demás Fuerzas de seguridad ciudadana, se realizaron en el Gran Santo Domingo, donde se detuvieron a 181 personas, Santiago, 79; La Vega, 36; Mao/Santiago Rodríguez, 64; zona Este, 91; Azua, 31; Barahona, 42; Puerto Plata, 82; Montecristi, 79; Dajabón, 53; Elías Piña, 36; Jimaní, 38 y Pedernales, 76.

También se suman 340 capturados por efectivos del Ejército, 132 por la Policía Nacional, 63 por el Cesfront y 2 por el Servicio Nacional de Protección Ambiental, instituciones que trabajan en coordinación con la DGM, igual que lo hacen el Ministerio de Defensa, la Armada, la Fuerza Aérea, el Ciutran, la Digesett y el ministerio Público, entre otras.

A los interdictos se les respetaron sus derechos y dignidad y fueron trasladados a los centros de procesamiento de extranjeros en condición migratoria irregular gestionados por la DGM, donde se les tomaron los datos biométricos, huellas digitales y se les depuró según los protocolos establecidos.

La jornada de ayer también implicó la repatriación de 1,234 extranjeros, quienes fueron entregados a las autoridades migratorias de Haití a través de los puntos binacionales de Dajabón, por donde se entregaron 342 personas, Elías Piña, 735; Pedernales, 99 y 67 por Jimaní.

Con estas acciones, la DGM no sólo cumple la Ley 285-04 que la regula, sino también las directrices del Consejo de Defensa y Seguridad de la nación y el mandato del presidente Luis Abinader para reducir los riesgos que la inmigración ilegal significa para el orden y la seguridad, así como el peso que representa para la economía del país.

La entidad oficial manifestó que continuará sus operaciones de interdicción para que todos los extranjeros en el territorio nacional, sin importar sus procedencias ni color de piel, estén debidamente documentados y registrados.

La jornada también incluye la deportación de otros 1,363 extranjeros en condición migratoria irregular, quienes fueron devueltos a su país de origen y entregados a las autoridades correspondientes por las puertas fronterizas binacionales.

Los resultados de estas interdicciones fueron 148 personas aprehendidas en el Gran Santo Domingo, 47 en Santiago de los Caballeros, 75 en La Vega, 49 en Mao/Santiago Rodríguez, 125 en la zona Este, 46 en Azua, 63 en Barahona, 18 en Puerto Plata, 65 en Montecristi, 140 en Dajabón, 44 en Elías Piña, 63 en Jimaní y 59 en Pedernales.

A esas cuantías se agregan 415 indocumentados capturados por el Ejército, 74 por la Policía Nacional y 64 por el Cesfront, instituciones que coordinan los trabajos con la DGM igual que lo hacen el Ministerio de Defensa, la Armada, Fuerza Aérea, Ciutran, Digesett y otras fuerzas de seguridad, para la eficacia en la implementación de una política migratoria integral.

Los repatriados fueron 474 por el punto de control de Dajabón, 627 por Elías Piña, 144 por Jimaní y 118 por Pedernales. Previo a la deportación los interdictos son trasladados a centros de acogida de la DGM donde se les hace el debido proceso de manera personalizada y se les toman los datos biométricos, huellas dactilares y se realiza la depuración correspondiente para constatar que no tienen problemas pendientes con la justicia dominicana.

Los trabajos de la DGM se ejecutan respetando la dignidad de las personas, con altos sentidos humanitarios y ajustados a los dictámenes de la Ley 285-04, al mandato del Consejo de Defensa y Seguridad de la nación y a las directrices del Gobierno.

Migración informó que las deportaciones comenzaron en noviembre de 2021 y “se mantienen hasta la fecha”

La República Dominicana ha deportado a 792 migrantes haitianas embarazadas desde que comenzó en noviembre de 2021 con las expulsiones de las gestantes. Además, ha devuelto hacia Haití a 433 familias con menores de 18 años.

Se solicitó a la Dirección General de Migración (DGM) los datos de estas deportaciones con el 2017 como año de partida. Sin embargo, la DGM respondió que desde ese período a octubre de 2021 “no se produjeron deportaciones de familias completas ni de embarazadas”. Explicó en un documento que esas deportaciones comenzaron en noviembre de 2021 y “se mantienen hasta la fecha”.

Las deportaciones de migrantes haitianas embarazadas comenzaron en momentos en que la República Dominicana endureció sus políticas migratorias por la crisis de violencia en Haití, como comunicó el presidente dominicano Luis Abinader, en momentos en que llamó a la comunidad internacional a actuar con urgencia sobre el país vecino.

El argumento es que también los servicios de maternidad para las haitianas embarazadas representan un alto costo económico para la República Dominicana. Las instituciones de salud dominicanas han informado que los partos, naturales o por vía cesárea, de mujeres haitianas pasaron de ser el 12.5 % en el 2018 al 30.5 % en el 2021.

Organismos internacionales, como las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han criticado al país por la medida tomada. El Sistema de Naciones Unidas expresó su preocupación por las deportaciones de las mujeres embarazadas que “buscaban o inclusive ya recibían atención en centros de salud y hospitales”.

La CIDH señaló que las expulsiones exponen a las mujeres embarazadas “a graves vulneraciones” y urgió al país a acatar el principio de no devolución de una persona a otro país donde su vida o libertad peligre.

En la audiencia pública de la CIDH el Estado dominicano, representado por el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Josué Fiallo, se defendió de las denuncias sobre violaciones de derechos humanos en personas migrantes, sobre todo aquellas que son procedentes de Haití y de ascendencia haitiana.  

Fiallo garantizó que en el país “no se realizan” deportaciones masivas de mujeres migrantes embarazadas. El diplomático explicó que la DGM posee protocolos que impiden las deportaciones de las mujeres embarazadas en labores de parto. El embajador también aseguró que la deportación solo ocurre cuando es médicamente seguro para la madre y el bebé.   

La ley de Migración

La Ley General de Migración 285-04 faculta a las autoridades dominicanas a deportar a los extranjeros que estén en situación irregular y su reglamento de aplicación prohíbe las detenciones de mujeres embarazadas o lactantes, menores de edad, solicitantes de asilo y envejecientes.