Por Jhonatan Liriano
@jhonatanliriano

Al reconocer ante la Justicia de Estados Unidos el pago de más de US$92 millones en sobornos a funcionarios dominicanos con el objetivo de garantizar la concesión de multimillonarios contratos ejecutados entre 2001 y 2014, la constructora brasileña Odebrecht abrió la más importante oportunidad que ha tenido la ciudadanía en la última década para poner fin por su propia cuenta al régimen de impunidad y control social impuesto por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El caso de los sobornos de Odebrecht es claro, contundente, y no puede ser ocultado por las acostumbradas maniobras de opacidad del presidente Danilo Medina, la Procuraduría General de la República, los jueces morados o  el andamiaje de voces pagadas que el oficialismo tiene instalado en los diferentes medios de comunicación.

El oficialismo no puede desmentir al sistema de Justicia de Estados Unidos ni manipular a funcionarios judiciales de ese país para que contradigan lo que ya todo el mundo sabe.

Ahora la ciudadanía cuenta con una prueba ineludible para exigir en las calles la identificación y el sometimiento de los funcionarios sobornados y los demás detalles de la red de corrupción instalada por Odebrecht en el país, incluyendo el papel del asesor del presidente Medina, el convicto publicista Joao Santana.
No importa lo que diga el Procurador, ni el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, ni las bocinas oficiales. La ciudadanía tiene en sus manos una verdad del tamaño de una montaña y debe usarla como una espada, con toda la determinación posible, para hacer del 2017 el Año del Fin de la Impunidad.
Esta oportunidad que se abre tiene que ser motivo de alegría, porque con el golpe que se dará a la impunidad el pueblo dominicano podrá dedicar los recursos que se roba la corrupción a mejorar los más de cincuenta hospitales que se encuentran en un estancado proceso de remodelación. El fin de la impunidad permitirá que tengamos más dinero para mejorar las condiciones laborales y de vida de los agentes de la Policía, y, por ende, que podamos disfrutar de un ambiente más seguro.

La movilización ciudadana que se está gestando podría sentar un precedente histórico de identificación y sanción de pejes gordos, incluyendo a presidentes y ministros. Y un ejemplo de este tipo, sin lugar a dudas, se transformaría en una disuasión para prevenir acciones de los delincuentes de más  bajo rango. Estaríamos ante una demostración de que en nuestra sociedad el brazo de la Justicia puede llegar a todos por igual.

El caso Odebrecht es tan claro, tan sólido, que nos permitirá remover la conciencia nacional y comenzar a construir las bases de un verdadero Estado de Derecho, en el que los funcionarios estén dedicados al servicio de la ciudadanía y no a procesos de enriquecimiento ilícito para financiar proyectos partidarios o comprar votos en el Congreso como lo hizo Danilo Medina cuando impuso la reelección presidencial.

Con el fin de la impunidad tendremos carreteras, puentes y caminos vecinales que no se derrumbarán cada vez que pasen dos o tres días de lluvia. Habrá más presupuesto para atender a la niñez, a las madres solteras… a los jóvenes que buscan oportunidades de estudio o trabajo digno. Al fin podremos construir o gestionar soluciones de transporte que  tengan como finalidad principal superar el caos de nuestras grandes ciudades y no gastar dinero en cemento y varillas para engrosar los bolsillos de dirigentes políticos interesados en perpetuarse en el poder.

Oportunidades como ésta no aparecen en decenas de años. Así que no hay tiempo que perder. Vamos a organizar las acciones ciudadanas que en el principio del 2017 tienen que hacer temblar a la delincuencia política y abrir las puertas de un mejor futuro para el pueblo dominicano. Es el tiempo del #FindelaImpunidad

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