Panelistas en seminario de ADOCCO destacan avances del Código Penal contra la corrupción y reclaman garantías en su aplicación
Ricardo Rojas León, Miguel Valerio Jiminian, Rafael Barón Duluc y Emery Colomby Rodríguez analizaron las nuevas herramientas de persecución, la independencia del Ministerio Público y los desafíos de interpretación.
Santo Domingo, D.N., 17 de octubre 2026.- Los participantes del Panel I del I Seminario Nacional ADOCCO valoraron la ampliación de las herramientas del nuevo Código Penal para combatir la corrupción, al tiempo que plantearon la necesidad de fortalecer las investigaciones, preservar la independencia del Ministerio Público y garantizar el debido proceso.
Ricardo Rojas León, Miguel Valerio Jiminian, el senador Rafael Barón Duluc y Emery Colomby Rodríguez expusieron sus posiciones en el panel “Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal”, moderado por Rosalía Sosa Pérez.
El encuentro, organizado por la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, se celebró el 30 de septiembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo.
Rojas León destaca mayor protección del patrimonio público
Ricardo Rojas León consideró que el nuevo catálogo de delitos constituye un avance para proteger los recursos del Estado y enfrentar distintas formas de defraudación de los bienes públicos.
Subrayó que la corrupción afecta directamente a la ciudadanía cuando compromete fondos destinados a servicios esenciales, como la salud y la educación. También destacó que en estos hechos pueden intervenir funcionarios y particulares, por lo que su análisis debe abarcar a quienes participan desde fuera de la administración pública.
El jurista llamó la atención sobre cuestiones que requerirán interpretación, entre ellas el alcance de la transversalidad de la corrupción y su relación con los delitos especiales.
Asimismo, señaló diferencias en las sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos y planteó la necesidad de examinar su tratamiento dentro del conjunto de infracciones.
Valerio plantea revisión permanente y claridad sobre los deberes del funcionario
Miguel Valerio Jiminian calificó el Código como un instrumento poderoso para la persecución penal y el ejercicio de la defensa, al ofrecer una definición más clara de las conductas sancionables.
Explicó la importancia de los delitos de infracción de deber, vinculados a las obligaciones especiales que asumen los funcionarios por razón de sus cargos. Según planteó, uno de los desafíos será precisar cuáles deberes establecidos en otras normas pueden fundamentar esa responsabilidad.
También destacó la regulación de la participación de particulares en delitos de corrupción y señaló interrogantes sobre la coexistencia de disposiciones penales en el Código y en la legislación de compras y contrataciones públicas.
Valerio propuso una comisión congresual dedicada a seguridad ciudadana y política criminal, diferenciada de la Comisión de Justicia, para dar seguimiento a la legislación penal y promover las actualizaciones necesarias.
Duluc advierte sobre riesgos de utilización política
El senador Rafael Barón Duluc sostuvo que el principal reto de la reforma será su aplicación y advirtió que la fortaleza de sus disposiciones exige un Ministerio Público independiente.
Aunque reconoció los esfuerzos del actual Gobierno por fortalecer esa independencia, alertó sobre la posibilidad de que futuras autoridades utilicen las herramientas penales para perjudicar a adversarios políticos.
“Nosotros tenemos el texto de un nuevo código, porque el Código Penal hay que construirlo”, expresó, al destacar el papel de la jurisprudencia, la doctrina y los ajustes legislativos.
El legislador planteó impulsar un plan piloto de fiscalización y control desde el Congreso. Indicó que había solicitado la participación de ADOCCO y conversado con FINJUS para desarrollar una mesa de trabajo orientada a fortalecer la rendición de cuentas y prevenir la corrupción.
Rodríguez exige investigaciones sólidas y respeto al debido proceso
Emery Colomby Rodríguez defendió la investigación firme de la corrupción, pero cuestionó que se pretenda alcanzar ese objetivo debilitando las garantías de las personas investigadas.
“No se puede perseguir la corrupción a cualquier precio”, afirmó.
Desde su experiencia en el ejercicio de la defensa, señaló deficiencias técnicas en investigaciones y sostuvo que incorporar más delitos no sustituye la capacidad investigativa de los organismos de persecución.
Reclamó transparencia sobre las prioridades del Ministerio Público, la selección de casos, los resultados de sus procesos y la justificación de las medidas cautelares.
También advirtió sobre los daños de las filtraciones y los juicios paralelos, y subrayó que la notoriedad de un caso no debe reducir el estándar probatorio. Propuso fortalecer la investigación financiera, corroborar las pruebas y profesionalizar la comunicación pública para proteger la presunción de inocencia.
Las intervenciones situaron el debate en la necesidad de acompañar las nuevas herramientas legales con capacidad técnica, controles institucionales y garantías que permitan una lucha efectiva contra la corrupción.
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