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SANTO DOMINGO, Rep. Dom.- (LU). La marcha verde realizada en región Este de la República Dominicana, San Pedro de Macorís con componentes populares, coloridos y radicalidad y cantidad de pueblo superiores a la formidable movilización del Sur-Azua, desbarató la maniobra judicial del Presidente Medina que perseguía afectar esa convocatoria y presentarse como no culpable de la corruptela de Odebrecht y otros latrocinios.

Allí los cañones populares apuntaron al cogollo del sistema de impunidad y corrupción, tronando frente a la exclusión de Punta Catalina, las sobrevaluaciones multimillonarias, los sobornos electorales, la impunidad de los jefes y numerosos casos que inculpan a importantes figuras militares y empresariales protegidas por una institucionalidad a su servicio; mientras desde la tribuna se descalificaron jueces venales y se demandó incluir lo obviado y citar al “Jefe de Estado”.

El fin de la impunidad apuntó claramente hacia el fin de las instituciones y del reinado danilista, anunciando para el domingo 16 de julio una marcha nacional que habrá de volcar en la Capital, en los alrededores del Palacio presidencial, los pueblos de todas las regiones del país; condenando y desobedeciendo a un régimen corrupto e ilegitimo, debilitado por enormes movilizaciones populares que tienden a impugnarlo y, en perspectiva, a bajarlo y reemplazarlo a través del despliegue de democracia de calle impregnada de soberanía popular y nacional.

La ilegitimidad del poder constituido aflora y la perspectiva de su derrumbe y reemplazo debe ser asumida como posibilidad real, la cual NO está referida a los comicios del 2020 ni a elecciones anticipadas en el marco de esta institucionalidad putrefacta; sino al desplome de la misma, seguida de un gobierno transitorio que organice una Constituyente ampliamente participativa, elabore nueva Constitución, rediseñe la institucionalidad (sistema electoral confiable incluido) y convoque elecciones democráticas para refundarlas.

Esto no merece ser despachado con la idea de pactos elitistas o promociones de nuevos presidente mesías, a ser montado sobre la constitución neoliberal y autoritaria del 2010; dejando vigentes instituciones antidemocráticas y corrompidas. Esas son fórmulas inaceptables de EEUU y potencias europeas empeñadas en mediatizar y tutelar los cambios.

En Marcha verde participan ONGs anticorrupción que aceptan financiamientos y se dejan condicionar por USAID y otras agencias imperialistas. Ese es su problema.

Pero este movimiento, diverso y en gran medida nutrido por muchos movimiento sociales y políticos-sociales, corrientes revolucionarias y ciudadanos/as no comprometidos con esas tutelas, debe ejercer su soberanía y desechar rutas, pactos y formulas afines al interés imperialista. Marcha Verde no debe tener otro dueño que no sea el pueblo dominicano.

Articulo de opinión por Narciso Isa Conde

SANTO DOMINGO.-El dirigente revolucionario Narciso Isa Conde consideró este martes como escandaloso que en la lista de la Procuraduría de las personas que habrían aceptado sobornos de Odebrecht no figure ni un solo danilistas.

“Resalta que entre los acusados no hay un solo danilista, todos son o de la oposición interna (leonelistas) o de la oposición electoral contaminada también de corrupción (PRM)”, dijo Isa Conde, vocero del Movimiento Caamañista.

Destacó que el caso de las plantas de Punta Catalina fuera excluido del proceso de investigación y criminalización, “porque en esa operación fraudulenta están involucrados el propio presidente Danilo Medina, Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas; José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, y Rubén Bichara, vicepresidente de la CDEEE”, dijo el veterano dirigente de izquierda.

A juicio de Isa Conde, llama la atención que la acusación incluye a Díaz Rúa, pero no toca a Leonel Fernández “que era su tutor político y socio principal, además del principal beneficiario de las sobrevaluaciones facilitadas por los sobornos”.

“Incluye a Alfredo Pacheco y Andrés Bautista y no toca a Hipólito Mejía, que necesariamente autorizó esas operaciones. Protege a ambos expresidentes pensando en ser eventualmente reciprocado”, indicó.

Agregó que en el expediente la Procuraduría acusa a Julio César Valentín y a Tommy Galán, mientras excluye a otros tres legisladores “con igual o mayores responsabilidades en la aprobación bajo soborno de los contratos sobrevaluados de Odebrecht, por el solo hecho de pertenecer a su facción política: son los casos de Reinaldo Pared, Cristina Lizardo y Abel Martínez”.

Además, dijo, la Procuraduría deja fuera del expediente a la mitad de los identificados en una alista brasileña, que aún sin estar referida a Punta Catalina, incluye al ministro Gonzalo Castillo.

Por estas razones, Isa Conde consideró que el movimiento Marcha Verde está ante el desafío de seguir creciendo en calidad y cantidad “hasta vencer con el pueblo movilizado este régimen maniobrero, insolente y soberbio; refundando ya seguidas las instituciones a través de un proceso constituyente”. ©ElDia