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La destituida fiscal venezolana Luisa Ortega solicitó hoy al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de su país en el exilio una orden de captura internacional contra el presidente Nicolás Maduro, por supuestamente haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

“Estoy acudiendo ante el Tribunal Supremo de Justicia, ante la sala plena, a presentar un ‘antejuicio de mérito’ y lo estamos pidiendo por dos delitos: corrupción propia y legitimación de capitales”, dijo Ortega en una rueda de prensa en Bogotá.

Según la fiscal destituida, se constató en una investigación que la campaña presidencial de Hugo Chávez, en el 2012, la pagó Odebrecht y que el que recibió el dinero fue Maduro, quien para la fecha era canciller.

“Recibió de manos de los ciudadanos Mónica Moura y Joao Santana los dineros, ellos confesaron que fueron contratados por Odebrecht para negociar con Nicolás Maduro en la propia Cancillería venezolana el pago de la campaña y el financiamiento de esta campaña presidencial de Hugo Chávez”, detalló Ortega.

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Explicó que para esa operación se utilizaron empresas fachadas en República Dominicana y Venezuela y que “muchos pagos se realizaron a través de Joao Santana, que junto con su esposa Mónica Moura eran los encargados de pagarle a Nicolás Maduro”.

“A través del banco Heritage abrieron una cuenta offshore ubicada en Suiza. Asimismo fue utilizado el banco Meinl Bank de Antigua, entidad financiera perteneciente a Odebrecht”, detalló.

Aseguró que la constructora brasileña financió la campaña presidencial de Maduro en el 2013 y que en caso de que ganara, como ocurrió, el mandatario iba a dar “continuidad a las obras de Odebrecht”.

Dijo además que esta investigación se inició en el 2015 y que el año pasado consiguieron “las declaraciones y confesiones de no solamente directivos de Odebrecht sino también de las personas que participaron directamente en los pagos y en las contrataciones para desarrollar las campañas electorales”.

Por ello, la ex fiscal le pidió al TSJ en el exilio enviar a la Interpol una solicitud para que “de forma inmediata” se “genere la alerta (circular) roja de captura”.

“En el escrito que estamos presentando al legítimo Tribunal Supremo de Justicia de Venezolano estamos pidiendo (…) que también oficie a la autoridad competente de Perú” para que detenga “inmediatamente” a Maduro si va a ese país, como tiene proyectado, añadió.

El gobierno venezolano aseguró que pese al rechazo de Perú, Maduro asistirá a la Cumbre de las Américas en Lima, el 13 y 14 de abril.

Perú retiró la invitación enviada al presidente de Venezuela para la octava Cumbre de las Américas. La decisión fue tomada conforme a lo establecido en la Declaración de Quebec adoptada en la tercera Cumbre de las Américas en el 2001.

Esta señala que “cualquier alteración o ruptura inconstitucional de orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas.

El presidente Nicolás Maduro podrá estar pasando apuros para alimentar a los venezolanos, pero aun así su gobierno socialista donó 500.000 dólares a la ceremonia de investidura de Donald Trump, de acuerdo a registros dados a conocer el miércoles.

Los registros que el comité de investidura presentó ante la Comisión Federal Electoral muestran que Citgo Petroleum, la filial estadounidense de la petrolera paraestatal venezolana PDVSA, fue uno de los mayores donantes empresariales para los eventos que rodearon la ceremonia de juramentación.

Su donativo fue superior al de algunas empresas gigantes estadounidenses como Pepsi (250.000 dólares), Walmart (150.000) y Verizon (100.000), y comparable a las de JP Morgan Chase y Exxon, que también aportaron medio millón de dólares cada una. Bank of America realizó una contribución de un millón de dólares.

Pese a las acusaciones de Maduro de que Estados Unidos intenta derrocarlo, el mandatario ha sido cauteloso de no enemistarse con Trump, quien recientemente incrementó sus críticas contra el gobierno de Venezuela.

En febrero, Trump se reunió en la Casa Blanca con la esposa de un líder de oposición venezolano encarcelado, y el martes el Departamento de Estado emitió un comunicado en el que condena la violencia contra los manifestantes en la nación sudamericana.

"Aquellos responsables de la represión criminal a la actividad democrática pacífica... tendrán que rendir cuentas de manera individual por sus acciones ante el pueblo venezolano y sus instituciones, así como ante la comunidad internacional", se indica en el comunicado.

Decenas de miles de venezolanos salieron el miércoles a las calles para manifestarse contra Maduro y exigir nuevas elecciones, al denunciar lo que consideran un descenso constante hacia el autoritarismo, aunado a acuciantes problemas económicos que incluyen una inflación de tres dígitos, el extenso desabasto de alimentos y el incremento en la violencia.

La nación sudamericana cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo y en algún momento gozó de una economía en auge, pero esas épocas son un recuerdo lejano para los venezolanos, que acusan a Maduro de despilfarrar la riqueza petrolera del país.

Recientemente, PDVSA ofreció una participación de casi el 50% en Citgo como garantía para recibir un préstamo de 1.500 millones de dólares de parte de la empresa rusa Rosneft. El acuerdo fue objeto de críticas por parte de legisladores republicanos, a los que les preocupa que una falta de pago por parte de Citgo le permita al presidente ruso Vladimir Putin obtener un sitio firme en la industria petrolera estadounidense.

"Estamos extremadamente preocupados de que el control de Rosneft en uno de los principales abastecedores de energía a Estados Unidos represente una amenaza grave para la seguridad energética estadounidense", escribieron seis senadores en una carta dirigida al Departamento del Tesoro el 4 de abril. ©The Associated Press