Lo Ultimo RD

El material educativo fue presentado a estudiantes que participan en esta importante actividad cultural del país, en la que además participaron maestros y público en general.

Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer aspectos claves sobre las energías renovables, el ciclo comercial de la energía y el consumo estimado que generan diversos tipos de electrodomésticos en los hogares.

En ese mismo orden, se motivó a los participantes en llevar el mensaje a sus hogares para que desde allí se pongan en práctica acciones para dar un uso eficiente y adecuado de la electricidad.

La charla estuvo liderada por representantes de Edesur, Edenorte y Edeeste, escenario que sirvió para reiterar el compromiso de estas con un suministro eléctrico óptimo y de calidad a cada uno de sus clientes.

Actualmente, las empresas distribuidoras lideradas por el CUED se encuentran trabajando en el ciclo de charlas correspondientes al segundo semestre del año 2025, la cual tiene como objetivo aumentar el número de ciudadanos y clientes impactados con esta efectiva formación.

Por último, el CUED reitera su compromiso con el fortalecimiento de la cultura energética en los sectores productivos y sociales, orientando al aprovechamiento de los espacios que impliquen una participación masiva de instituciones públicas, empresas privadas y ciudadanos en general.

• Entre los querrellados figuran Juan Alexis Medina Sánchez, Rubén Jiménez Bichara y Maxy Gerardo Montilla Sierra

Santo Domingo, 15 de junio de 2021. A raíz de los hallazgos encontrados en las investigaciones y auditorías realizadas en las empresas distribuidoras de electricidad, el Estado Dominicano ha presentado hoy por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), una querella penal con constitución en actor civil contra un presunto entramado criminal de personas y empresas que estafaron al Estado a través de las EDEs más de RD$ 20,000 millones. Se les acusa de estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionario.

Los imputados son Rubén Jiménez Bichara, Luis Ernesto de León Núñez, Rubén Montás Domínguez,  Radhamés del Carmen Maríñez, Julio César Correa, Maxy Gerardo Montilla Sierra, Alexander Montilla Sierra, Juan Alexis Medina Sánchez, Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, y más de 25 empresas nacionales que fueron parte del entramado mafioso contra las cuales en el día de hoy se interpuso la querella.

El Lic. Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, señaló que “la presente querella tiene como objeto poner en conocimiento del Ministerio Público este entramado fraudulento destinado a cometer crímenes en contra del Estado Dominicano, en su calidad de accionista mayoritario de las empresas, así como de las propias EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, a partir de las contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas realizadas en violación de las leyes de la República”.

El equipo jurídico contratado, coordinado por el Dr. Miguel Valerio e integrado por prestigiosos abogados y firmas dominicanas de Derecho, ha realizado en los últimos meses auditorías en cada una de las EDEs, con la revisión de cientos de procesos, estudios de miles de páginas de documentos, entrevistas, análisis forenses, entre otras vías de actuación. Estos trabajos han evidenciado el modus operandi de la estructura mafiosa que operaba y han permitido cuantificar los montos envueltos en cada una de las operaciones realizadas. 

Las intensas indagaciones han puesto en evidencia que EDESUR, EDENORTE y EDEESTE han acumulado un gran déficit funcional y operativo debido a las pérdidas insalvables producto de la corrupción y el manejo fraudulento de sus recursos por quienes estaban llamados a administrarlos de manera pulcra y honrada. El entramado corrupto gestó un premeditado operativo basado en: a) contrataciones amañadas e ilegales, en donde se sobrevaloraban los costos de los bienes y servicios prestados; b) se adquirían bienes y servicios que no se necesitaban; c) se contrataban personas y empresas vinculadas que, muchas veces, no eran los mejores proveedores ni se encontraban capacitados para serlo, y, d) en muchas ocasiones se erogaban fondos de manera directa en manos de personas allegadas cuando no se correspondía.

El fraude contra el Estado, indica la querella, no se realizó únicamente a través de contrataciones ilícitas en las EDEs sino que también era ejecutado directamente con la CDEEE, a través de licitaciones manejadas a favor de los hoy querellados, incluso cuando dichos procesos eran realizados con fondos provenientes de facilidades crediticias otorgadas por organismos internacionales.

En la querella se solicita a la PEPCA que inicie las investigaciones pertinentes para determinar la ocurrencia de los hechos punibles y sus responsables, especialmente a los miembros de los comités de compras y contrataciones, y a los miembros de los Consejos de Administración de las EDEs que ocuparon sus cargos en el periodo 2012 a agosto de 2020. Asimismo, se pide al juez de instrucción la imposición de medidas de coerción, atendiendo a la gravedad de las circunstancias reveladas y ante el peligro de destrucción de evidencias por parte de los imputados.

Por último, el Estado, EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, como actores civiles, solicitan evaluar, provisionalmente y de manera preliminar, en la suma de RD$ 50,000 millones el monto resarcitorio a ser pagado por los querellados como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados en perjuicio del Estado dominicano, más los intereses judiciales y accesorios que pudieren derivarse de dicha suma.