El caso Odebrecht presenta al país una oportunidad única para avanzar en tres campos fundamentales para su desarrollo.

En primer lugar, para el Poder Judicial, al tratarse de un caso en que las principales informaciones vendrán del exterior, permitirá a los tribunales actuar con una libertad sin precedentes para enviar el mensaje que espera la sociedad en materia de combate a la corrupción.

En segundo lugar, a los partidos políticos, incluyendo al partido de gobierno, porque podrán salir de personajes de influencia en sus filas, pero que constituyen baldones demasiado visibles que deterioran su imagen como instituciones orientadoras de la opinión pública.

En tercer lugar, a la administración del presidente Danilo Medina, que podrá reclamar para sí, el logro de un avance importante en el adecentamiento de los procesos públicos que enviaría un mensaje claro a las empresas nacionales e internacionales sobre la forma de haber negocios con el Estado Dominicano y, de paso, recuperaría unos millones de dólares que caen muy bien.

Los políticos deben saber, además, que este caso no es igual a los anteriores expedientes de corrupción. Un fracaso en su persecución podría ser el detonante de un estallido social que derrumbe todo lo construido hasta ahora, y que afectaría el turismo, la inversión extranjera y el clima de estabilidad que ha sido la base del éxito del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, que lo que está en juego no es la suerte de dos o tres “camajanes” de la política o de los negocios, sino el futuro del propio PLD y de su obra de gobierno.

Como expresó una estadista, «lo esencial para el buen funcionamiento de nuestras democracias es la justicia... Sin un sistema judicial eficaz, el régimen democrático no puede sobrevivir.»

Por ADRIANO MIGUEL TEJADA / atejada@diariolibre.com

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