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Un exdirector del Sistema Nacional de Resolución Alterna de Conflictos (Sinarec), dependencia de la Procuraduría, quien está siendo investigado por el caso Medusa, solicitó a un tribunal que descongele sus cuentas bancarias, las cuales fueron frisadas a raíz de estas pesquisas.

Ramón Burgos Acosta, que figura en la querella particular presentada por el Estado, a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), hizo la petición ante el tribunal que lleva el control del caso, donde está imputado el exprocurador Jean Alain Rodríguez.

De acuerdo a las informaciones dadas en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la solicitud ya fue conocida en audiencia, y para mañana miércoles se emitirá el fallo de si procede o no el descongelamiento de las cuentas.

Por otro lado, este martes en la mañana, el referido tribunal conocerá una audiencia de resolución de peticiones de otro vinculado al caso. Se trata del imputado Alfredo Solano Augusto, ex subdirector administrativo de la Procuraduría General de la República, quien interpuso la petición a través de sus abogados. El procesado cumple arresto domiciliario.

En este caso por corrupción administrativa hay varias personas que están siendo imputadas, pero la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) podría acusar a otras personas cuando presente la acusación formal.

Para esto, el pasado 29 de marzo, el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional le otorgó a la Pepca una prórroga de tres meses para concluir las pesquisas y presentar acto conclusivo.

Para el titular de la Pepca eso fue “una muestra de que el tribunal ha entendido (...) la necesidad de que el Ministerio Público cuente con el tiempo suficiente para desarrollar todas las líneas de investigación”.

elCaribe.-

Pacheco dice que recibieron una propuesta

Santo Domingo.- Legisladores y empresarios industriales llegaron a un aparente acuerdo, luego de que el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, recibió una propuesta con algunas modificaciones para el proyecto de ley de tasa cero a productos de la canasta básica. 

Aunque en un principio la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) había mostrado dudas sobre el proyecto, la propuesta es una señal positiva por parte de grupos empresariales para la aprobación de la iniciativa.

Pacheco mostró la propuesta recibida del grupo empresarial, lo que se puede esperar de este proyecto de ley, y su anticipación de una posible aprobación en segunda lectura.

Tendencia
“El espíritu de la aprobación de esa ley, no es exclusiva de la República Dominicana, ya que en El Salvador, en Colombia, en Argentina y en otros países se han tomado medidas similares”, refirió el presidente de la cámara baja.

No afecta al productor
De igual manera, al referirse al “miedo” que existe dentro de algunos colegas diputados sobre la posibilidad de que esta iniciativa afecte al productor nacional, el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que lo que ha querido el Poder Ejecutivo es beneficiar al consumidor.

Aclaración de votación
Al preguntarle sobre la denuncia que hicieron varios partidos de oposición sobre una supuesta “votación irregular” cuando se conoció el proyecto, Pacheco aclaró que hicieron varias consultas a distintas instituciones para confirmar que el proceso fue correcto.

Participantes
En la entrevista, conducida por su director Miguel Franjul, estuvieron junto a Pacheco el vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados, Julito Fulcar, y el encargado de prensa de este órgano legislativo, Fausto Polanco.

Puntualizó que fueron los sectores empresariales que acordaron una propuesta junto al Ministerio de Industria y Comercio para facilitar la aprobación de la ley, incorporando aspectos que son clave para lograr equilibrio entre la producción nacional y los bienes que se importen.

El documento remitido por la AIRD a Pacheco establece la modificación de un considerando, el agregado de dos vistos y la modificación del artículo 1.

Lo esencial que destaca la propuesta hecha por AIRD son precisiones para indicar específicamente cuáles son los productos que podrían beneficiarse a partir a la ley; garantizar los controles sanitarios y fitosanitarios y que sea la Comisión para las Importaciones Agropecuarias que tenga el control para limitar “con topes cuantitativas, vías cuotas” la importación de estos productos.

En ese sentido, y haciendo referencia a las dudas que surgieron dentro de grupos opositores a esta iniciativa legislativa, el presidente de la Cámara de Diputados aclaró que este proyecto no permite traer productos en los cuales el país es autosuficiente, sino aquellos en los cuales no existe una producción que satisfaga la demanda del país.

“Vamos a tener el mecanismo de distribución de cuotas que va a garantizar que ningún sector productivo sea abusado. No vamos a tener importaciones masivas de parte de un importador que no sea aprobado por la comisión de importaciones y no vamos a importar productos en los cuales somos autosuficientes”, aclaró Pacheco.

También tratar de aligerar la carga al productor para que esto no le afecte y evitar consecuencias a largo plazo mientras la pieza legislativa, en caso de que se apruebe, este vigente.

“Hoy le presentamos la propuesta a los diferentes voceros de la Cámara de Diputados y no son tan complejas. Nosotros podríamos decidir entre hoy y mañana y luego estaríamos debatiendo el tema de nuevo como corresponde”, comentó el legislador oficialista.

“La comisión le dio el trato de ley orgánica… el informe de la ley decía que era una ley orgánica y así fue aprobado. Pero esto no significa que deba ser una ley orgánica porque nosotros en el fin de semana hicimos una consulta con importantes instituciones y juristas de prestigio y salió a relucir una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) donde una ley similar aprobada en otra etapa se determinó en el TC que no era orgánica”, reveló.

Al respecto, dijo que la sentencia establece que aunque se trata de un proyecto que afecta el régimen económico, financiero y el presupuesto nacional, lo afecta de manera atemporal y por lo tanto no era orgánica.

“Aunque la ley hubiese sido orgánica, contó con la cantidad de votos necesarios para ser aprobada, porque se determina en la Constitución que se necesitan más de las dos terceras parte de los votos emitidos y la votación terminó con 99 votos favorables y ninguno en contra”, precisó el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Sobre este particular, aclaró que los diputados que se abstuvieron de votar cuentan como “ausentes”, según el manual de procedimiento de la Cámara de Diputados y por lo tanto la votación fue válida.

Listín Diario.-

De acuerdo al portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, Cositorto fue apresado en Juan Dolio, mediante una labor coordinada por la Interpol RD, en atención a una alerta roja que se había sido emitida en Buenos Aires, Argentina.

“Él era buscado por denuncia de estafa y asociación ilícita en Córdova Argentina. El extranjero se encuentra bajo custodia de la Interpol”, agregó Pesqueira.

Se supo que al momento de su apresamiento, Cositorto estaba emocionalmente quebrado y no dijo nada cuando fue arrestado.

Según informaciones, estuvo un mes prófugo, buscado por la fiscal Juliana Companys que lo acusa de casi 40 hechos de estafa en Villa María, provincia de Córdoba, en una causa en donde ya están presos los señores “Max” Batista y su contador, Norman Próspero, mientras continúa prófugo el llamado “director legal” del grupo, el ex juez y fiscal Héctor Luis Yrimia, quien salió de Argentina a fines de 2021.

En República Dominicana, Cositorto vivía en un barrio privado en las afueras de Santo Domingo y luego, se mudó a un departamento dentro de la ciudad, con vista al mar.

Cositorto ya había sido buscado por Interpol en Colombia, particularmente en Cartagena de Indias.

Sin embargo, este no era un prófugo oculto, pues continuó utilizando sus redes sociales, para realizar transmisiones vía Zoom y Youtube en donde instaba a sus seguidores a resistir y continuar la recaudación con sus históricas promesas de dividendos mágicos.

De hecho, los investigadores lo encontraron gracias a esas transmisiones, mediante cotejos de números de IP y análisis de contenidos de video, con rastreos.

Los investigadores aseguran que la ruta colombiana, fue una maniobra “de mareo” que utilizó Cositorto, enmascaraba sus IPs con falsas direcciones, para que impactaran en Colombia y así despistar a los investigadores.

Antecedentes

Su perfil en la página web  de su escuela de líderes ZOE, destaca haber sido líder de sus propias redes de network marketing en España entre 1991 y 1995, posteriormente en 14 países de Latinoamérica entre 1995 y 2017, antes de convertirse en un Senior Coach Organizacional, “con más de 6.000 entrenamientos ofrecidos en 17 países” y crear ZOE.

Colombia, Argentina, México, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, el Sur de Estados Unidos y España son algunos de los países donde brinda sus servicios, que van desde coaching ontológico, espiritual y educación financiera hasta capacitaciones y venta de criptomonedas.

Pero además, el “mundo ZOE”, como le llama a su conjunto de negocios, tiene Zoe Mascotas y membrecías ZooePets,  un local de venta de hamburguesas, ZOE Cash,  la empresa Zoe Capital, entre otros.

Acusaciones

El periódico español El País reseñó que Cositorto y sus socios hicieron creer falsamente a los afectados de su fraude que “al realizar un depósito de dinero que se instrumentaba a través de simples recibos, los imputados se encontraban en condiciones de pagar por lo menos un interés de un 7,5% mensual en dólares”.

“Sin embargo, los imputados no contaban con los fondos para responder a lo prometido, dejando de asistir a la oficina, la cual fue cerrada definitivamente en febrero de 2022, sin dar respuesta alguna a los requerimientos de las víctimas perjudicadas, ocasionándoles un perjuicio en su patrimonio”, cita el diario sobre lo que agrega el texto del organismo internacional.

De acuerdo con los medios internacionales, el argentino y su red usaban el denominado “esquema Ponzi” para estafar a otras personas. El esquema se basa en pagar los intereses de un grupo, mediante el dinero de terceros, que entienden están invirtiendo en una empresa en especifico.

Listín Diario.-

La mayoría de los deu­dores se quejan de que los prestamistas les co­bran elevados intereses y que luego que han paga­do hasta tres y cuatro ve­ces el valor del préstamo, cuando deciden liquidar sus deudas, tienen que pagar también el capital e intereses adicionales, lo que estiman abusivo.

Asimismo, denuncian que cuando no pueden saldar sus deudas, por­que ya han pagado cin­co veces el valor de lo que les prestaron, los usure­ros irrumpen en sus ca­sas “con (tigueres), hom­bres armados” y que les llevan efectos electrodo­mésticos de valor, moto­cicletas y otros bienes.

Esa gente alega que se niegan a presentar de­nuncias en la fiscalía por temor a represalias, por­que la mayoría de esos prestamistas ilegales son muy violentos y defienden lo suyo a cualquier precio.

Yovanna trabaja en una banca de loterías de San­tiago y recuerda que su es­poso, que trabajaba como delivery, murió en 2019 en un accidente de tránsito.

Ella no sabía que su pare­ja había tomado a un pres­tamista 20 mil pesos para terminar de pagar un mo­tor que había comprado.

Pero con nostalgia e im­potencia cuenta que el usurero se presentó arma­do a su casa del sector Pe­kín, al sur de Santiago, con dos hombres más, le pidió la motocicleta, pero que al informale que la ha­bían vendido para cubrir parte del velatorio, le lle­vó una nevera, una lavado­ra y un televisor, alegando que eso había sido com­prado “con sus cuartos”.

“Le dije que mi pareja no me contó nada de ese préstamo; pero me res­pondió, no te haga la pen­deja y si quiere ve a la fis­calía y denúnciame, que la que pierde eres tú”. Dice que es madre de tres hijos pequeños y que por eso decidió dejar eso así.

El abogado Carlos García dice que las personas que se dedican a prestar dine­ro incurren en muchas irre­gularidades y lamenta que los deudores no presen­ten denuncias en las fisca­lías de sus jurisdicciones.

“Lo primero es que están cometiendo estafas, la otra irregularidad consiste en que tienen instituciones fi­nancieras clandestinas, que no pagan impuestos, por­que no están autorizadas por la Superintendencia de Bancos y otras entida­des del Estado responsables para esos fines”, aclaró.